En esta edición | Junio 2026

Cuba está anunciando simultáneamente su paquete de reformas económicas más ambicioso de los últimos años mientras se enfrenta a sanciones estadounidenses y presiones legales adicionales. Se seleccionaron tres eventos para ilustrar la brecha cada vez mayor entre las intenciones anunciadas por La Habana y el continuo cerco legal y financiero de Washington. La contradicción central es cada vez más clara: Cuba intenta una liberalización económica altamente controlada y precisa dentro de un marco socialista, mientras que Estados Unidos comprime cada vez más el espacio de maniobra de las entidades vinculadas al Estado cubano.

Cualquier interpretación de la situación en Cuba que no coloque esta dicotomía en el centro de su análisis está pasando por alto el principal indicador del enfoque preferido de Estados Unidos en sus objetivos de política exterior en la isla.

Se aplica la clasificación propietaria del ST Monitor para interpretar eventos específicos según su fase de ejecución. Algunos planes se mantienen en el nivel de (1) intenciones políticas sin marco ejecutivo; otros están (2) limitados dentro de sistemas de permisos; y otros se encuentran en (3) fase plenamente operativa e institucionalizada. Los casos elegidos para esta edición deben leerse a través de esa lente:

Nivel 1 — Pre-política (no existe marco ejecutable)

Nivel 2 — Ejecución restringida (existe actividad, pero está sujeta a permisos)

Nivel 3 — Fase de Ejecución (el sistema está operativo e institucionalizado)

ExxonMobil v. CIMEX: La Corte Suprema Elimina la Inmunidad Soberana de Cuba bajo la Ley Helms-Burton

El 23 de junio de 2026, la Corte Suprema falló por 6-3 que las empresas estadounidenses pueden demandar a empresas estatales cubanas (SOE) en tribunales de Estados Unidos por propiedades confiscadas después de 1959, sin necesidad de cumplir con los estándares de excepción de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). El juez Kavanaugh redactó la opinión de la mayoría. La jueza Kagan discrepó, acompañada por Sotomayor y Jackson. Se revocó y devolvió el fallo al Circuito de Cortes de Washington, D.C.

Este fallo de la Corte Suprema incorpora la litigación al arsenal de Washington para presionar al gobierno cubano a sentarse a la mesa de negociaciones.

Los Hechos del Caso

El gobierno cubano confiscó la refinería de Standard Oil, sus terminales y más de cien estaciones de servicio luego de 1960. Dos empresas estatales cubanas—Unión Cuba-Petróleo (CUPET) y Corporación CIMEX, S.A.—han operado y obtenido beneficios de esos activos desde entonces. En 1969, la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras certificó la reclamación de Exxon en más de 71,6 millones de dólares. Contabilizando los intereses previos al juicio y los daños triples establecidos en el Título III de la Ley Helms-Burton, esa cifra supera ahora los 1,000 millones de dólares. El 2 de mayo de 2019, Exxon demandó a ambas entidades, y al alter ego panameño de CIMEX (o empresa pantalla), el mismo día en que el Departamento de Estado levantó la suspensión presidencial sobre el Título III que todas las administraciones anteriores habían mantenido de forma continua desde 1996. El Tribunal de Distrito desestimó el caso arguyendo conflictos con la ley FSIA. Un panel dividido del Circuito (de apelaciones) de D.C. confirmó esa desestimación, que la Corte Suprema ahora ha revocado en favor de Exxon.

El Fallo del 23 de Junio

Un demandante que demande a una “agencia o instrumentalidad cubana” bajo el Título III de la Ley Helms-Burton no necesita cumplir ninguna de las excepciones de inmunidad enumeradas en la FSIA. La propia Ley Helms-Burton produce la derogación (o eliminación) de la inmunidad.

El razonamiento se basa en CUATRO puntos: (1) La acción bajo el Título III se dirige expresamente contra “cualquier agencia o instrumentalidad de un Estado extranjero”, que la Corte interpreta como una derogación de inmunidad según su propio precedente en Kirtz. (2) Exigir el cumplimiento de la FSIA vaciaría la acción de contenido, porque el embargo que la ley Helms-Burton codificó simultáneamente hace que las únicas excepciones disponibles bajo la FSIA sean casi imposibles de cumplir. (3) El Congreso colocó estas demandas bajo 28 U.S.C. §1331, la regulación general sobre cuestión federal, no bajo la §1330, que rige las demandas de la FSIA. Y (4) la concesión al Presidente del poder plenario para suspender demandas de Título III refleja el régimen de inmunidad previo a la FSIA, en el que la inmunidad era una determinación ejecutiva, no judicial.

Dicho de otro modo, los ciudadanos estadounidenses que demanden a empresas estatales cubanas por propiedades confiscadas, bajo el amparo de la ley Helms-Burton, no tienen que superar los obstáculos de la FSIA. Según Kirtz, la Ley Helms-Burton cancela por sí sola la inmunidad de Cuba, porque la ley nombra explícitamente a entidades estatales extranjeras como demandadas y canaliza los casos a través de la jurisdicción general de cuestiones federales en lugar del marco de la FSIA.

Además, obligar a los demandantes a seguir las reglas de la FSIA haría que la ley fuera inútil debido a lo estricto del embargo estadounidense, y la estructura de la Ley en sí deja intencionadamente las decisiones de inmunidad al Presidente en lugar de a los tribunales.

Sin embargo, la decisión no resuelve todos los asuntos pendientes. La Corte reservó expresamente el tema de si la Helms-Burton deroga la inmunidad de instrumentalidades extranjeras no cubanas, por lo que no se abordan los socios extranjeros que ahora enfrentan presión de designación.

En la práctica, el fallo autoriza el derecho a demandar a empresas estatales cubanas y a obtener un fallo, pero no resuelve el derecho a cobrar. Es decir, la inmunidad de ejecución bajo 28 U.S.C. §§1609–1611 permanece intacta, lo que significa que un demandante que gane contra CUPET no puede simplemente enviar tropas federales estadounidenses a incautar un buque de carga del gobierno cubano o una refinería. Esos activos siguen protegidos por el §1609.

No obstante, en este último punto, la mayoría aclaró que un fallo tiene valor independiente como “ventaja” frente a “desarrollos futuros en la ley o en Cuba”. También es notable que la Corte mencionara en una nota al pie que tales fallos pueden proporcionar “incentivos correspondientes para que Cuba se democratice”, asumiendo así una posición específica sobre los objetivos actuales de política exterior de Estados Unidos en Cuba.

Las Consecuencias del Fallo

Con esta decisión, la Corte Suprema de Estados Unidos advierte que tiene apetito para interpretar extensivamente la Ley Helms-Burton. El fallo no cambia a corto plazo la realidad jurídica de las empresas estatales cubanas frente a demandantes estadounidenses. Sin embargo, el resultado indica que la propia Corte es el actor más reciente en incorporarse a un aparato económico, político y legal altamente cohesionado, bajo un Departamento de Estado liderado por Marco Rubio, diseñado para presionar al gobierno cubano a reformarse o sucumbir.

Además, la decisión de la Corte convirtió el Título III en un instrumento mucho más afilado. Se verificó oficialmente que el Título III de la Ley Helms-Burton está diseñado para actuar como una ventaja geopolítica de la Casa Blanca contra La Habana. Por un lado, las corporaciones estadounidenses (como Exxon) ahora están autorizadas a perseguir a empresas estatales cubanas en tribunales de EE.UU. y previsiblemente ganar casos con compensaciones enormes, lo que a su vez infligirá inmensas presiones económicas y de divulgación sobre el gobierno cubano. Por otro lado, como el fallo confirmó que el Presidente de Estados Unidos retiene el derecho legal de congelar estas demandas en cualquier momento, es la Casa Blanca quien tiene el control último sobre el asalto legal, otorgando a la administración aún más ventaja en las negociaciones con La Habana.

Estado: Nivel 3 – Fase de Ejecución

Con las Sanciones del 23 de junio, Estados Unidos Vuelve a Aplicar el Manual Sherritt

El 23 de junio, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a cinco entidades estatales cubanas (SOE) adicionales. A simple vista, las designaciones de GeoMinera S.A., RAFIN S.A., Banco Financiero Internacional (BFI), AUSA y Empresa Siderúrgica José Martí parecen encajar en el plan habitual de poner en cuarentena los activos del gobierno cubano para intentar cortar los flujos de divisas.

No obstante, este nuevo evento revela un patrón emergente junto a la adquisición de la operación de níquel-cobalto de Sherritt en Cuba, por parte del fondo estadounidense Gillon Capital. Pareciera que Washington está haciendo algo más que congelar activos para beneficio de sus propios objetivos políticos solamente. La administración estadounidense podría estar alineando cada vez más sus objetivos políticos con intentos de adquirir los activos que sanciona, definiendo así un nuevo manual en el diferendo Cuba-EE.UU.

Este nuevo enfoque apunta a una estrategia altamente pragmática (y efectiva) hacia Cuba, donde el objetivo de política exterior estadounidense es doble: político y económico, y no se excluyen mutuamente. Previas Administraciones estadounidenses—incluido el primer mandato de Trump—nunca habían mostrado este nivel de sofisticación, coordinación y disposición para usar todo su arsenal de herramientas diplomáticas, económicas y legales a la hora de perseguir sus objetivos políticos en Cuba.

La Nueva Técnica

Desde mayo, Washington ha estado sancionando los vehículos legales de empresas mixtas cubanas (JV o joint venture) a través de los cuales las empresas estatales en Cuba se asocian con compañías extranjeras, y no solo a las matrices estatales cubanas que hay detrás.

El 7 de mayo, Moa Nickel S.A. (MNSA)—la operación mixta de níquel-cobalto entre Sherritt y Cuba—fue designada por el Departamento de Estado, con un lenguaje vinculado explícitamente a expropiaciones posteriores a 1959: Moa Nickel “obtiene beneficios” de activos “confiscados” a personas y corporaciones estadounidenses. La rápida consecución de eventos que siguió, llevó a Sherritt a entregar un instrumento privado de opción compra de acciones a Gillon Capital (EE.UU.), por el 55% de su participación en la JV de níquel-cobalto, a precio de remate. Anteriormente documenté este asunto y sus consecuencias.

Ahora, un mes después, otras dos empresas con situaciones relativamente similares están un ciclo por detrás del destino de Moa Nickel y cayendo rápidamente en la misma posición que enfrentó Sherritt:

a. Antilles Gold

El 4 de junio, OFAC designó a Minera La Victoria S.A. (MLV), la empresa mixta entre la minera australiana Antilles Gold y la empresa estatal cubana GeoMinera. La empresa mixta opera una mina de oro-plata-antimonio y una mina de cobre-oro en dos ubicaciones diferentes en Cuba, y posee varias concesiones independientes de cobre. El 5 de junio, Antilles Gold solicitó de emergencia una suspensión temporal de sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia (ASX), pendiente de un anuncio sobre sus motivos. El 10 de junio, Antilles Gold explicó los motivos de la suspensión requerida, argumentando “incertidumbre” sobre el “impacto actual y futuro en sus activos y actividades en Cuba” tras la sanción y designación de su JV por OFAC.

El 18 de junio, la compañía confirmó que había suspendido su gestión directa y la financiación de MLV en Cuba, al tiempo que anunció que había entrado en “discusiones” con el Departamento de Estado de EE.UU. para “presentar una propuesta” sobre el asunto “en un futuro próximo”. Ese mismo día, la ASX anunció además que la negociación en bolsa de las acciones de Antilles Gold se reanudaría.

Antilles Gold claramente aprendió de los eventos de Mayo y actuó mucho más rápido que Sherritt, congelando voluntariamente el precio de sus acciones inmediatamente después de las sanciones y entrando posteriormente en negociaciones con el Departamento de Estado. Claramente se tomaron esas decisiones para salvar la empresa de una valoración desplomada, de cara a las negociaciones venideras. Esa parte del problema parece haberse resuelto, dado el posterior anuncio de “negociaciones” y el levantamiento de la suspensión de sus acciones en bolsa.

No obstante, la JV de Antilles Gold no se salvará del mismo problema que hundió la operación de níquel-cobalto de Sherritt: una vez sancionada por OFAC, las cuentas por cobrar permanecen congeladas en el balance de la empresa y la pregunta de si se pueden cobrar se convierte en un problema legal que solo el gobierno estadounidense puede desbloquear. Así, la puerta vuelve a quedar abierta, de par en par, para que un actor estadounidense intervenga y obtenga la autorización del gobierno de EE.UU. para adquirir esos activos.

b. Trafigura

La designación de GeoMinera del 23 de junio afecta directamente la exposición de Trafigura en Cuba. Posiblemente previendo la situación, Trafigura ya había comenzado a detener envíos de concentrado de zinc desde la mina Castellanos (Minas de Matahambre) en el occidente de Cuba a compradores externos desde las sanciones a la MLV del 4 de junio. La designación de Geominera ahora obliga al negocio de zinc de Trafigura en Cuba a enfrentar las mismas decisiones que debe tomar Antilles Gold.

La designación a nivel de JV elimina el aislamiento legal del socio extranjero. El propio lenguaje del Departamento de Estado vincula la vía de las sanciones al Título III, que el fallo de Exxon—decidido el mismo día que la designación de la JV de Trafigura—ha hecho más ejecutable contra todas las empresas estatales cubanas y sus socios.

Conclusión: Una Carrera a Toda Velocidad por los Minerales Críticos de Cuba

De cara al futuro, no sería irracional esperar que EE.UU. repita esta arquitectura emergente de forma continua: designar la JV cubana, tratar de hacer entrar en crisis al socio extranjero, y posicionar a un comprador alineado con EE.UU. bajo la no-objeción del Departamento de Estado y del Tesoro. Este es, ahora, un modelo que el gobierno estadounidense parece estar aplicando firme y coordinadamente.

En dos meses, el gobierno estadounidense ha paralizado y puesto una presión severa sobre todos los operadores extranjeros de los activos de níquel, cobalto, oro, plata, cobre, antimonio y zinc de Cuba. Con objetivos de política exterior maximalistas al frente de la ecuación, Washington se está moviendo con rapidez para asegurar toda la gama de minerales críticos de Cuba, mediante una combinación de sanciones cronometradas y oportunismo de mercado que está produciendo salidas de los socios extranjeros del gobierno cubano impulsadas por complimiento normativo. Por lo tanto, los comentarios enfocados en los modelos de Irán o Venezuela como análogos a la situación de Cuba están buscando pistas en el lugar equivocado.

Estado: Nivel 3 – Fase de Ejecución

Abriendo y Cerrando al Mismo Tiempo: Un Mapa de Cumplimiento Normativo y el Destino de las 176 medidas de Cuba

El paquete de reformas de Cuba del 18 de junio y las sanciones estadounidenses del 23 de junio no están desconectados entre sí. Las narrativas que afirmen lo contrario son incorrectas. Ambos conjuntos de acciones fueron anunciados aproximadamente la misma semana, sobre los mismos activos, desde direcciones opuestas. La Habana ofrece a los inversionistas extranjeros participación accionaria en empresas estatales que se convertirían a sociedades mercantiles por acciones, acceso a banca privada y controles estatales menos estrictos sobre la economía cubana. Washington sancionó al banco (BFI) a través del cual se liquidan prácticamente todas las transacciones de entidades extranjeras en Cuba, el nodo financiero offshore y vehículo de inversión (RAFIN S.A.) de Cuba, y el operador logístico (AUSA) del único puerto moderno de Cuba. Los inversionistas atrapados entre esos dos anuncios enfrentan un laberinto de cumplimiento normativo que ni las reformas ni las sanciones por sí solas explican completamente.

Sanciones Estadounidenses: El Viejo Perímetro Renovado

Para los ciudadanos estadounidenses, las Regulaciones de Control de Activos Cubanos (el Embargo o CACR) siguen siendo el marco rector. Asimismo, la Ley Helms-Burton ha salido reforzada tras la decisión en Exxon. Además, las entidades designadas bajo la E.O. 14404 y órdenes anteriores quedan vedadas a falta de licencias específicas, y la Licencia General 1 solo preserva lo que el Embargo ya permitía. La supuesta “apertura capitalista” contenida en las 176 medidas propuestas por La Habana no podrá cambiar nada de esto, dada la posición de Washington en contra de una apertura económica sin reforma política en Cuba.

Las nuevas sanciones recaen principalmente sobre personas no estadounidenses. La edición de Preguntas Frecuentes (FAQ) 1258 de OFAC, emitida el 4 de junio, establece que el riesgo de sanciones secundarias bajo la E.O. 14404 se extiende a cualquier entidad cubana con propiedad estatal del 50% o más—directa o indirectamente—, incluso cuando la entidad misma no figure en ninguna lista. Dado que las empresas estatales cubanas tienden a monopolizar todas las actividades y activos dentro de sectores enteros, esa regla del 50% casi con certeza significa que una futura “sociedad mercantil por acciones” en Cuba puede heredar las sanciones de la compañía matriz sin heredar su nombre.

Dicho de otro modo, como la economía cubana está completamente dominada por unos pocos monopolios estatales gigantescos, los inversionistas no pueden escapar de la nueva clase de sanciones. Si una empresa estatal matriz controla toda una industria como la minería o la logística, cada subsidiaria, empresa mixta o escisión que toque hereda esa regla de propiedad del 50% y queda automáticamente en la lista negra.

Desde el punto de vista del cumplimiento normativo, la revisión de listas solamente ya no será suficiente para completar los análisis de diligencia requerida. Ahora, los técnicos de cumplimiento normativo tendrán que preguntarse si el activo de la contraparte aparece en una lista y quién es el que, investigando hacia arriba, es el dueño.

Inversión: Un Problema de Diligencia en Dos Capas

Las 176 medidas de reforma invitan al capital extranjero, pero la Ley Helms-Burton revoca esa invitación. La responsabilidad bajo el Título III se aplica al “tráfico” en propiedades tomadas el 1 de enero de 1959 o después—completamente independiente de cualquier lista de sanciones—y la decisión en Exxon ha aclarado que las demandas contra empresas estatales cubanas ya no requieren que el demandante cumpla los requisitos de la FSIA. Por lo tanto, la investigación de diligencia requerida sobre cualquier nueva sociedad mercantil por acciones derivada de las reformas se realizaría en dos vías paralelas.

Primero, la vía de las sanciones: ¿alguna empresa matriz o subsidiaria califica como entidad bajo la regla del 50%, revisada contra la orientación de OFAC y la Lista Restringida de Cuba?

Segundo, la vía de origen bajo el Título III: ¿la tierra, planta o concesión subyacente se remonta a propiedad “confiscada” a un ciudadano estadounidense el 1 de enero de 1959 o después, revisada contra el registro de la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras y la cadena de titularidad histórica?

Estas son metodologías diferentes, que requieren habilidades diferentes para discernir las respuestas, y cada una es fatal de forma independiente para una inversión extranjera en Cuba. Ambos ejercicios deberán completarse antes de cualquier compromiso de inversión.

Consideraciones Finales: Lavado de Dinero (AML) e Infraestructura de Pagos

BFI servía como el banco de Cuba para transacciones de entidades extranjeras a nivel nacional, y RAFIN gestionaba los flujos financieros offshore. Ambos están ahora designados por OFAC. La consecuencia más inmediata será que los bancos (extranjeros) asociados mitigaran el riesgo de los flujos financieros vinculados a Cuba, empujando esas transacciones hacia canales menos transparentes, que es donde suelen concentrarse las complicaciones de tipo AML.

Para las instituciones financieras no estadounidenses, el marco legal de la regulación europea anti-Helms-Burton de 1996 no fue diseñado para el régimen de sanciones secundarias de 2026 con el alcance de la E.O. 14404. La vieja estrategia de evitar los dólares estadounidenses para comerciar con Cuba de forma segura en Euros o monedas locales ya no funciona. Bajo las nuevas reglas, Estados Unidos expulsará completamente a un banco extranjero del sistema del dólar si lo descubren manejando cualquier negocio cubano en cantidades significativas, independientemente de la moneda utilizada en la transacción. Es decir, para proteger su acceso al sistema financiero estadounidense, los bancos extranjeros ahora están obligados a buscar activamente a los propietarios ocultos de empresas estatales cubanas, revisar a todos los socios transando en moneda local y auditar su historial de transacciones pasadas en busca de violaciones ocultas como requisito básico, no como una opción.

En general, incluso si las reformas de Cuba abren espacio para el capital extranjero, el perímetro legal se contrajo mucho más rápido de lo que las reformas podrán expandirse. Los efectos de la nueva ronda de sanciones y de la decisión en Exxon durarán más y pesarán más que cualquier oportunidad que propicien las reformas. Esto es así porque las nuevas sanciones crearán un riesgo de gobernanza corporativa que ninguna empresa tendrá el apetito de asumir, y un fallo negativo bajo el Título III, una vez obtenido, será una reclamación legal asentada contra una futura Cuba que pronto puede lucir muy diferente. Los inversionistas que solo lean los anuncios de reformas en La Habana se están perdiendo la mitad importante de la historia.

Estado: (176 Medidas) Nivel 1 – Pre-política

Estado: (Mecanismo de Ejecución de Sanciones Estadounidense) Nivel 3 – Fase de Ejecución

La versión original de este artículo se publicó en Inglés, el 29 de Junio de 2026. Esta traducción al español se ofrece como cortesía al público hispanohablante.

El artículo original “ST Monitor | June 2026 | Resources Under Maximum Pressure: Reforms Announcement vs. Sanctions Reality in Cuba” se encuentra disponible en Inglés en la página principal. Puede consultarse aquí:

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© 2026 Manuel Reyes, The Southern Trade Group™. All rights reserved. Content may not be reproduced without permission.

Qué Leer Después:

Una campaña de presión coordinada por parte de EE.UU. contra Cuba está afectando a la minera canadiense Sherritt International. La empresa es un daño colateral en una operación que, como efecto secundario, reposiciona los intereses estratégicos de EE.UU. en los activos cubanos de níquel y cobalto. Las reservas de níquel y cobalto de Cuba se encuentran entre las más grandes del mundo.

El 1ro de mayo de 2026, la administración Trump emitió una orden ejecutiva que amplió las sanciones contra Cuba, e incluyó la empresa mixta de Sherritt International con el gobierno cubano—General Nickel Company, S.A. “GNC”—para la producción de níquel y cobalto en Moa, en el oriente de Cuba.

El 7 de mayo, Sherritt suspendió formalmente su participación directa en la empresa mixta de Moa. La directora financiera (CFO) de la compañía canadiense, Yasmin Gabriel, y su auditor de larga data, Deloitte, renunciaron poco después. El 15 de mayo, Sherritt incumplió el plazo para reportar sus resultados de primer trimestre (Q1) ante la Comisión de Valores de Ontario (OSC). Para el 19 de mayo, Sherritt ratificaba públicamente su intención de disolver la empresa mixta en Cuba lo más rápido posible, buscando específicamente informar a las autoridades estadounidenses y a otras partes interesadas con el anuncio.

El 20 de mayo, el Fiscal General interino de EE.UU., Todd Blanche, acusó formalmente al líder cubano Raúl Castro por su presunto rol en el derribo de una aeronave civil en el Estrecho de la Florida en 1996. Ese mismo día, Sherritt revirtió su decisión de disolver la empresa mixta y anunció un acuerdo de intenciones no vinculante con Gillon Capital, LLC (Gillon). Esta firma es la oficina familiar (family office) de Ray Washburne, exdirector de la OPIC (Corporación de Inversiones Privadas en el Exterior, 2017-2019) durante el primer mandato de Trump, exmiembro del Consejo Asesor de Inteligencia del presidente Trump, vicepresidente del Comité de la Victoria de Trump en 2016, exasesor del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y donante prominente del Partido Republicano. Gillon adquiriría una participación mayoritaria del 55% mediante un instrumento privado de opción de compra de acciones (equity warrant), a precio de descuento respecto del precio de cierre (C$0.11) del 15 de mayo.

El 21 de mayo, la OSC emitió una Orden de Cese de Operaciones por Incumplimiento de Reportar (FFTCO) contra Sherritt, bloqueando todas las operaciones comerciales que incluyan acciones de la compañía. Es aquí donde las salidas del auditor Deloitte y de la CFO de Sherritt podrían ofrecer algunas pistas. El gobierno cubano le adeuda a Sherritt 368 millones de dólares en un término de cinco años (2023-2027), pagaderos en especie, con cobalto de la empresa mixta en Moa. Esa cuenta por cobrar permanece en la contabilidad de Sherritt.

Bajo la nueva arquitectura de sanciones de Washington, las preguntas de si esa cuenta por cobrar es recuperable, cómo debe valorarse y si las transacciones para cobrarla constituirían operaciones prohibidas permanecen sin respuesta. Deloitte no puede firmar estados financieros que contengan una cuenta por cobrar de carácter material cuya recuperabilidad y condición jurídica no puede evaluar. Asimismo, un CFO no renuncia en momentos de máxima presión a menos que no pueda respaldar las cifras o que una situación particular le genere un escenario de responsabilidad personal. No es descabellado imaginar una situación en que la junta directiva y la CFO discreparan en cuanto a cómo caracterizar la posición financiera de la compañía en el contexto de la transacción con Gillon y de la reversión de la disolución de la empresa mixta.

El Departamento de Estado y el Tesoro de EE.UU. han confirmado que no objetan en contra de las negociaciones. Sin embargo, la no objeción del gobierno estadounidense al acuerdo con Gillon no constituye una autorización legal para que Sherritt continúe operando en Cuba. Esto difiere sustancialmente de emitir una licencia específica que proteja a Sherritt, a Deloitte o a cualquier directivo frente a las sanciones OFAC. Dicho de otro modo, la no objeción solo aborda si Gillon puede adquirir Sherritt; no aborda si las cuentas por cobrar cubanas son legalmente recuperables, si las transacciones para cobrarlas están autorizadas, o si un auditor que certifique su valor se expone a algún tipo de responsabilidad personal.

En conjunto, el gobierno de EE.UU. ha preaprobado esencialmente una estructura mediante la cual un operador político vinculado a Trump adquiere el control mayoritario de las acciones de Sherritt en Cuba a precio de remate, con el beneplácito del Departamento de Estado y el Tesoro, sin hacer nada al mismo tiempo para resolver la ambigüedad jurídica que está erosionando la gobernanza corporativa de Sherritt. La no objeción parece deliberadamente selectiva: protege únicamente la transacción de Gillon; no protege a nadie que deba certificar la posición financiera actual de la empresa en el proceso de la transacción per se. Si se le hubieran dado garantías a la CFO y a Deloitte, el precio de las acciones de Sherritt podría haberse estabilizado, lo que tal vez hubiera mejorado su posición negociadora frente a Gillon y, a su vez, haberle costado más dinero a Washburne.

Además, la FFTCO crea una paradoja que beneficia considerablemente a Gillon. Gillon no está comprando acciones de Sherritt a través de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX). Gillon está recibiendo un instrumento privado de opción de compra de acciones—ejecutable en un plazo de nueve meses a partir del cierre—que le otorga el derecho de adquirir suficientes acciones de nueva emisión para alcanzar el 55% de la propiedad. Por lo tanto, la FFTCO no cancela automáticamente el mecanismo de colocación privada. Cuando se levante la FFTCO que pesa sobre Sherritt y se reanuden las operaciones con sus acciones, el precio de mercado podría ser incluso inferior a C$0.11, teniendo en cuenta los acontecimientos desde el 15 de mayo y el continuo deterioro de la situación en Cuba. Esto significa que Gillon podría renegociar a la baja el precio del ejercicio si el acuerdo se formaliza. Con las operaciones de Sherritt suspendidas, no existe un precio de mercado actualizado, lo que juega a favor de Gillon.

En general, EE.UU. está ejerciendo máxima presión legal y diplomática sobre el gobierno cubano, a la vez que un operador político vinculado a Trump adquiere control de una importante operación de minería y refinación en Occidente a precio de liquidación. Sherritt probablemente sufrirá golpes financieros y de reputación sustanciales, una vez resuelto el asunto. El destino de la operación cubana, no obstante, parece estar firmemente establecido en los planes del gobierno de EE.UU. para fortalecer su seguridad nacional en minerales críticos, como producto secundario de su posición hostil hacia Cuba.

La versión original de este artículo se publicó en Inglés, el 4 de Junio de 2026. Esta traducción al español se ofrece como cortesía al público hispanohablante.

El artículo original “BRIEFING NOTE | Sherritt’s Collapse in Cuba Opens Path for U.S. Distressed Acquisition” se encuentra disponible en Inglés en la página principal. Puede consultarse aquí:

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Resumen Ejecutivo — Publicado originalmente en Abril, 2026.

• Un nuevo mecanismo neo-colonial está emergiendo en Brasil. La creciente concentración de infraestructura y del comercio de la soya en manos chinas está cambiando el equilibrio competitivo del mercado brasileño de granos.

• Tras el fracaso diplomático de la estrategia de adquisición de tierras en el exterior, China giró hacia un modelo más sofisticado: controlar la cadena de valor agrícola —insumos, originación, logística e infraestructura portuaria— en lugar de poseer la tierra. Brasil, con el 41,5% del mercado mundial de soya, es el eje de esa estrategia.

• La arquitectura de control chino opera en tres capas simultáneas:

  (1) upstream, a través de COFCO —que adquirió Noble Agri y Nidera entre 2014 y 2017, comprando un siglo de relaciones comerciales con productores del Cono Sur— y de ChemChina/Syngenta, que opera la IP de la variedad de soya NA 5909 RG de Nidera y la vende de vuelta al agricultor brasileño; (2) midstream, manteniendo cientos de vagones de carga y decenas de locomotoras en propiedad de COFCO, más la concesión a 25 años de la Terminal 11 en Santos y el 90% del puerto de Paranaguá en manos de CMPort como salidas atlánticas, y (3) downstream, con la capacidad a futuro de influir los mecanismos de formación de precios debido a su creciente condición monopsónica en el mercado brasileño de granos.

• El mecanismo de extracción no requiere manipulación de precios ni coerción: opera a través de la captura de renta ricardiana vía captura de rentas de infraestructura.

• El productor brasileño recibe el precio de mercado, pero ese precio de mercado se fija de cara a compradores cuya estructura de costos logísticos es más alta que la de COFCO.

• Los márgenes de beneficio que deberían fluir al productor se quedan en manos del operador chino, integrado verticalmente. El resultado: la ventaja competitiva agrícola que Brasil construyó durante 50 años de política pública termina subsidiando la seguridad alimentaria china a través de condiciones comerciales asimétricas.

El artículo examina cómo China ha transformado el comercio de soya brasileña en un instrumento estratégico de su propia seguridad alimentaria. A través de inversiones directas, control de puertos y poder de mercado, Pekín ha estructurado el flujo comercial de manera que Brasil asume gran parte de los costos y riesgos, mientras China obtiene suministro estable y condiciones ventajosas.

Se documenta cómo esta dinámica genera una dependencia asimétrica: los productores brasileños enfrentan mayor volatilidad de precios y presión logística, mientras China asegura su cadena de suministros con relativa estabilidad.

En conclusión, Brasil está pagando un precio oculto por su rol de gran proveedor de soya a China. La “seguridad alimentaria con características chinas” se construye, en parte, sobre la base de condiciones comerciales que comprometen la autonomía y la rentabilidad a largo plazo de la agroindustria brasileña.

Este breve resumen se ofrece como cortesía al público hispanohablante y no constituye la versión completa del artículo principal en Inglés, publicado originalmente en Abril 10, 2026.

El artículo original “Food Security with Chinese Characteristics, or How to Make Brazil Pay for Your Soy” se encuentra disponible en Inglés en la página principal. Puede consultarse aquí:

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Resumen Ejecutivo — Publicado originalmente en Marzo, 2026.

• El Activismo inversor contra Chubb —liderado por la coalición As You Sow y Green Century desde 2019— demandó a la compañía en un tribunal federal de D.C. sobre una propuesta a incluirse en la junta de accionistas de este año.

• Independiente de la demanda, el motivo de fondo busca un resultado más ambicioso que controlar emisiones de gases de efecto invernadero: se busca forzar al mayor asegurador P&C del mundo a demandar judicialmente a la industria de combustibles fósiles por daños climáticos vía subrogación.

• Si la demanda prospera y Chubb es forzado, a su vez, a demandar a la industria petrolera, los efectos no se limitarían al sector solamente: cualquier industria que dependa de actividades relacionadas a, o que se garanticen con hidrocarburos o sus derivados —logística, agro, infraestructura— quedaría expuesta a interrupciones severas en el acceso a esquemas de re-aseguramiento a escala global.

• La industria de los seguros es la llave maestra de la economía industrial moderna: sin ella no hay financiamiento de proyectos, no hay crédito bancario y no hay operación comercial a escala.

• Chubb es el mayor cedente en México por volumen de primas, con una posición dominante en líneas industriales —refinería, transporte, riesgo catastrófico— que ningún asegurador local tiene capacidad de absorber. Su salida del país o su restricción operativa no “elimina” a un actor, sino que impide el acceso al sistema global de re-aseguramiento.

• El verdadero costo de esta batalla legal se pagará en el Sur Global, no en los juzgados de Washington. México, con su infraestructura energética y logística dependiente de combustibles fósiles, enfrenta costos crecientes y posibles brechas de asegurabilidad.

• Estos cambios generarían presiones en cadenas de suministro (transporte refrigerado, almacenamiento y distribución de alimentos) y redistribuirían riesgos hacia productores y consumidores finales.

El artículo analiza cómo un endurecimiento de las políticas de aseguramiento de riesgos de Chubb (con base en criterios anti-hidrocarburos) y otras aseguradoras internacionales pueden generar costos tangibles para productores de alimentos e infraestructura comercial en México.

Utilizando al país azteca como estudio de caso, se muestra que estas decisiones desde ámbitos transnacionales trasladan presión financiera hacia sectores clave como energía, transporte y logística.

Un endurecimiento de los criterios de aseguramiento anti-hidrocarburos no solo aumentaría las primas, sino que en algunos casos reduciría o eliminaría la cobertura disponible para activos de tipo industrial, y que dependen de la economía diesel. Esto daría al traste con la viabilidad económica y la estabilidad de cadenas de suministro que incluyen, por ejemplo, la producción y distribución de alimentos.

En última instancia, las decisiones de aseguradoras globales como Chubb tienen un impacto directo y a menudo subestimado en economías emergentes. Estos costos no se quedan en el Norte; se trasladan hacia el Sur, afectando la competitividad y la seguridad alimentaria y energética de países como México.

Este breve resumen se ofrece como cortesía al público hispanohablante y no constituye la versión completa del artículo principal en Inglés, publicado originalmente en Marzo 18, 2026.

El artículo original “Chubb’s Climate Insurance Wars Have a Price: Ask Mexico” se encuentra disponible en Inglés en la página principal. Puede consultarse aquí:

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Resume Ejecutivo — Publicado originalmente en Febrero, 2026

• La interferencia política de la administración Petro en Ecopetrol ha desmantelado de facto la independencia de la junta directiva: 17 ejecutivos han renunciado o sido destituidos desde 2022,

• El ingreso neto de la empresa cayó de $7,85 mil millones en 2022 a $3,6 mil millones en 2024, y las reservas probadas descendieron un 3,3% neto en el mismo período. La moratoria sobre la actividad exploratoria implica que las reservas actuales se agotarán hacia 2030.

• El caso emblemático que resume la mala gestión fue el rechazo a ampliar la participación de Ecopetrol en el Proyecto Crownrock en la Cuenca Pérmica en Texas, EE.UU., uno de los activos más rentables de la empresa.

• Además, la posible venta total de la posición en la Cuenca Pérmica ilustra cómo las prioridades políticas de Petro están anulando los deberes fiduciarios de la junta hacia los accionistas, incluido inversores internacionales.

• El contraste con Petrobras y YPF —empresas estatales de Brasil y Argentina que mantienen autonomía operativa con independencia del color político del gobierno— demuestra que la gobernanza corporativa no es ideológica sino funcional.

• Ecopetrol aporta hasta el 10% de los ingresos del Estado. El costo de su deterioro institucional se trasladará a la capacidad fiscal para dar servicios públicos en un país con altas tasas de pobreza y 7,3 millones de desplazados internos.

El artículo documenta de forma detallada cómo el gobierno de Gustavo Petro ha desmantelado progresivamente los mecanismos de gobernanza corporativa de Ecopetrol y la posición de su CEO, Ricardo Roa en la compañía, como aliado de Petro.

A través de nombramientos políticos, purgas en la junta directiva y decisiones estratégicas controvertidas, se ha priorizado la agenda ideológica del gobierno sobre la maximización de valor para los accionistas minoritarios y la sostenibilidad operativa de la empresa.

Se presenta evidencia cuantitativa clara: caída de ingresos netos, reducción de reservas probadas y un reemplazo de producción insuficiente. Estas tendencias no son accidentales, sino el resultado directo de la intervención política en las decisiones operativas y estratégicas de la compañía.

Se advierte que la erosión de la gobernanza corporativa en Ecopetrol representa un riesgo sistémico para Colombia. Al tratar a la empresa como un instrumento de política pública en lugar de una entidad comercial, el gobierno está comprometiendo su valor a largo plazo y, por extensión, los recursos fiscales del Estado.

Este breve resumen se ofrece como cortesía al público hispanohablante y no constituye la versión completa del artículo principal en Inglés, publicado originalmente en Febrero 28, 2026.

El artículo original “Gustavo Petro and the Abolition of Corporate Governance in Ecopetrol” se encuentra disponible en Inglés en la página principal. Puede consultarse aquí:

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Resumen Ejecutivo — Publicado originalmente en Febrero, 2026

• El embargo petrolero de la administración Trump no es la causa del colapso cubano: es un acelerador de una crisis estructural de décadas provocada por la gestión centralizada del Estado.

• Cuba produce aproximadamente 41.000 bpd, cubriendo solo el 40% de su demanda interna; los apagones de más de 1.600 MW de déficit en horas pico y la contracción acumulada del 15% del PIB desde 2018 anteceden al decreto ejecutivo de enero de 2026.

• La economía cubana funciona en la práctica como un sistema de subsidio forzado por la diáspora: el salario promedio equivale a ~13 USD al mes y la pensión de jubilación a ~4 USD. Los emigrados absorben costos de sustento familiar que el Estado no puede o no quiere cubrir, logrando que el modelo político persista sin reformas de fondo a los controles estatales sobre el sector privado.

• La fragilidad económica del país —transporte paralizado, servicios públicos colapsados, turismo en mínimos históricos de 1,8 millones de visitantes— otorga a Washington ventajas reales de negociación.

• Sin embargo, ninguna presión externa resuelve las decisiones internas que mantienen al Estado como único actor económico por mandato constitucional.

Este artículo se reporta desde Cuba, y combina la observación en primera persona con datos oficiales para demostrar que, aunque el embargo estadounidense intensifica las dificultades, la raíz de la crisis económica cubana es interna.

El gobierno cubano mantiene un modelo centralizado que prioriza el control político sobre la productividad, generando décadas de estancamiento. Se subraya que sin reformas estructurales profundas, cualquier alivio externo solo pospondría el colapso inevitable.

Este breve resumen se ofrece como cortesía al público hispanohablante y no constituye la versión completa del artículo principal en Inglés, publicado originalmente en Febrero 13, 2026.

El artículo original “U.S. Oil Embargo Forces a Reckoning with Cuba’s Economic Collapse” se encuentra disponible en Inglés en la página principal. Puede consultarse aquí:

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Resumen Ejecutivo — Publicado originalmente en Enero, 2026

• Las reservas de petróleo venezolano se componen mayoritariamente de crudos pesados y de alta acidez, pero eso no los hace inviables: las refinerías de EE.UU. llevan décadas adaptadas para procesar crudo pesado y obtener diésel, asfalto, ceras, lubricantes y combustibles industriales (HFO).

• El diferencial de precio frente al Brent o el West Texas Intermediate (WTI) no elimina el margen de ganancia; analistas estiman un breakeven de entre $30–40/barril si se eleva la producción a 1 millón de barriles diarios.

• El término “uninvestable” (no apto para invertir) utilizado por el CEO de ExxonMobil no refleja un juicio técnico ni financiero sobre Venezuela: es una posición negociadora.

• Las empresas petroleras temen repetir la doble expropiación que sufrieron (1976 y 2007) y exigen garantías legales robustas antes de comprometer capital, especialmente dada la obligación legal de asociarse con PDVSA, una entidad con serios problemas de compliance bajo la Ley FCPA de EE.UU.

• El control estadounidense sobre el crudo venezolano —el país con las mayores reservas del Grupo OPEP+— pudiera darle a Washington una palanca inédita para erosionar la capacidad del cartel petrolero de sostener precios artificialmente altos.

• La historia indica que el gobierno de EE.UU. ha cedido ante las exigencias de las petroleras estadounidenses cuando hay intereses geopolíticos en juego. El acuerdo llegará; la pregunta es en qué términos.

En este artículo se desmonta la visión predominante de que Venezuela es un país “no apto para invertir” en materia petrolera. Se argumenta que los fundamentos técnicos y económicos siguen siendo sólidos —si bien los desafíos son reales— y que el petróleo venezolano sigue siendo competitivo en costos y compatible con la refinación estadounidense.

El verdadero freno no radica en la calidad del crudo ni en la geología, sino en la incertidumbre política y contractual. Con las garantías adecuadas, el sector podría recuperarse con relativa rapidez y generar ventajas estratégicas para Washington y Venezuela a largo plazo.

Este breve resumen se ofrece como cortesía al público hispanohablante y no constituye la versión completa del artículo principal en Inglés, publicado originalmente en Enero 22, 2026.

El artículo original “Why is Everyone so Down on Venezuelan Oil?” se encuentra disponible en Inglés en la página principal. Puede consultarse aquí:

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